Equipo de Intervenciones Teatrales Espontáneas (ITE) La Plata Argentina

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miércoles

Madre - Charly y los pibes de la 90

30 de diciembre de 2009

Video del taller que dirge Charly Pastrana en el comedor de Esther Gutierrez con los chicos del Barrio Altos de San Lorenzo en la ciudad de La Plata. El tema Madre fue realizado en el transcurso del mismo. Las imágenes son de el comedor y de distintos eventos en que los chicos fueron invitados. Gracias al Programa Barrio Adentro, al Foro de la Niñez y Juventud de la Prov.de Bs As., Plaza del Barrio los Robles (gracias Seba Cuccia), Marta y Monica.La predisposicion con este taller de distintos sectores ha sido generadora de vinculos, participación y estimulos para el crecimiento de los chicos.




Fuente: Youtube

jueves

Jornada por los Derechos de la Niñez y la Juventud

Defender los logros de la niñez con organización

3 de diciembre de 2009 - Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata

“Proteger a los niños es la gran responsabilidad que tenemos”. Esto dijo Estela de Carlotto al comienzo del 4º Encuentro “Por Otra Relación del estado con la Niñez, la Adolescencia y la Juventud”, organizado por el Foro por los Derechos en su 5º Aniversario y en conmemoración de los 20 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). Unas 400 personas de la provincia de Buenos Aires y otras provincias, fueron protagonistas del Encuentro que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de La Plata. Por la tarde, los participantes marcharon hacia la legislatura bonaerense por la plena aplicación del sistema de promoción y protección de derechos de la niñez y en rechazo del código de contravenciones de Scioli y la reforma de le ley penal juvenil.

En el acto de apertura estuvo presente Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y miembro del FORO, quien destacó la importancia de dedicarse al cuidado de nuestros niños. Carlotto celebró en este marco el funcionamiento del FORO “que nació por voluntad de quienes queremos lo mejor para los niños, hay que proteger eso tan delicado que son los niños. Esta es la gran responsabilidad que tenemos en la vida, el cuidado de nuestros niños” en este sentido Carlotto destacó que “la Justicia Social empieza desde que nacemos”.

Al cerrar su intervención Carlotto habló de las dificultades con las que se encuentra la implementación de las nuevas normas de promoción y protección de derechos, de los obstáculos y la amenazas recibidas para cesar en este camino, al respecto destacó que “debemos salir a enfrentar estas situaciones, que no tenemos miedo, que vamos a hacer todo lo necesario para hacer de este país aquello que soñaron nuestros 30 mil desparecidos, por aquella justicia social, que empieza desde que nacemos. Las amenazas, los contratiempos es lo que nos tiene que fortalecer, por un país con dignidad, con amor y paz, con el compromiso de nunca, nunca bajar los brazos”.

Por su parte Adolfo Aguirre, Coordinador Provincial del Foro y Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, sostuvo que se ha avanzado mucho en estos 5 años desde que el FORO fue fundado, que muchos fueron los logros obtenidos, y por ello mucha la resistencia que se encuentra en el camino de sectores que no quieren abandonar la lógica y práctica del patronato, al respecto Aguirre sostuvo que “no vamos a dar ni un paso atrás en todo lo que hemos logrado, en términos de derechos, de verdad y de justicia”.

También tomaron la palabra Carlos Fanjul en representación de la Obra del Padre Carlos Cajade; y Rosana Merlos, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA y de la CTA bonaerense.

“Lo que hemos logrado en la Provincia debe servir de espejo a otros lugares del país.Debemos rescatar todos los avances que hemos tenido, rescatar el esfuerzo que nos llevo la ley y aprender a construir este sistema que es nuevo para todos” indicó Merlos, y añadió que “hay muchas posibilidades y hay muchos compañeros y compañeras que están dando la pelea y que se van sumando. Y es importante celebrar otras leyes que nos van a permitir avanzar, como la ley nacional de educación. Esta ley de promoción que es integral abarca muchas áreas de la cual somos parte. Esta nueva relación del Estado con la niñez nos involucra”.

Fanjul por su parte resaltó que “este lugar que supo construir Carlitos (Cajade), seguramente lo seguiría ocupando porque se trata de trabajar para que todos los pibes puedan vivir con dignidad. Por eso no nos debemos quedar con una estampita de Cajade, sino continuar con su pelea, estar en los lugares que él estuvo y estaría, que no son otros que los de construcción colectiva por objetivos nobles como los que hay acá”.

Todos ellos se manifestaron en contra del código de contravenciones del Gobernador Scioli y del ministro de Seguridad Stornelli, la reforma a la ley penal juvenil, y la baja de edad de imputabilidad.

Paneles y Debates

Se desarrollaron por la mañana cuatro paneles simultáneos: La participación popular en la construcción de los Consejos Locales, Hacia la conformación del Observatorio Social y la elección popular del Defensor del Niño, Adecuación de las leyes provinciales a la CIDN. Situación de la Ley 26061 Nacional, Hacia la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil Nacional.

Por la tarde, más de 200 personas debatieron sobre estrategias de aplicación del paradigma de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en cuatro plenarios que funcionaron en simultáneo sobre jóvenes, organizaciones sociales, trabajadores del Estado y Universidad.

A las 16.30hs. se presentaron las conclusiones de los plenarios, en los que se delinearon acciones y propuestas para continuar con el trabajo en nuevos encuentros y avanzar en mayor organización para materializar los objetivos.

Estuvieron presentes en el transcurso de la jornada Carlos Leavi, secretario General de la CTA La Plata- Ensenada; Raúl Perdomo, Vicepresidente de la UNLP; Estela Maldonado, secretaria General de CTERA; Dr. Carlos Rozansky, Juez Federal; Rosa Bru, presidenta de la asociación Miguel Bru; Fabián Cacivio, Juez de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial de La Plata; Juan Pablo Crusat, secretario de Acción Social del Municipio de La Plata; Verónica Bethencourt, secretaria General de ADULP; Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura; Osacar Quinteros de Grupo Al Borde; entre otros referentes locales y de 11 provincias de la Argentina.

Fueron panelistas, moderadores y coordinadores de plenarios, Hugo Blasco, secretario General de la AJB; Rosana Merlos, sec. de Derechos Humanos SUTEBA y CTA; Juan Cocino, sec. General de APL; Daniel Agüero, de ATE provincia de Buenos Aires; Dra. Claudia Cesaroni, Abogada, integrante del CEPOC; Alicia Romero, Comité Contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria; Dr. Martín Navarro, Espacio Niñez ATE Capital Federal; Eduardo Valli, del Consejo Local de Laprida; Viviana Marfil, Consejo Local de Bahía Blanca; Silvia Zustovich, Consejo Local de Lanús; Zulma Flasco, Consejo Local de Saladillo; Magdalena Vespertini, del Consejo Local de Ramallo; Lic. Rosario Hasperué, del Consejo Local de La Plata; Norma Ojeda, Coordinadora Consultorios Jurídicos gratuitos del Niño, Colegio de Abogados La Plata; Mirta Rivero, del Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata; Javier Frías, del equipo jurídico de CTA y del Foro por los Derechos; Maghy Panno, de ATE Provincia de Buenos Aires; Hernán Gasparini, Espacio Niñez ATE Capital Federal; Rubén Oscar Burlando, del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Costa del Río Uruguay; Daniela Larocca, de ADULP; Enrique Fidalgo, del Colegio de Psicólogos; Ángela Oyhandy, de la Facultad de Humanidades- UNLP; Verónica Cruz, de SUTEBA y Facultad de Trabajo Social- UNLP; Mariana Chaves, del CONICET y la Facultad de Trabajo Social- UNLP; Dr. Ricardo Berenguer, Defensor Oficial del Furo Penal Juvenil de La Plata, Equipo Jurídico del Foro por los Derechos; Lic. Daniela García, Foro por los Derechos; Pablo Macia, secretario de Juventud de la CTA; Betiana Maldonado, juventud de la CTA La Plata; Mariana López, juventud del Foro de Moreno; Dolores Fusé, del Foro por los Derechos de La Plata; Emilia Preux, de ATE, Foro por los Derechos; Graciela Palazzolo, de ATE, Foro por los Derechos; Franco Ghilino de asociación Amanecer.
Del debate a la acción

A su término, los participantes del Encuentro marcharon desde la sede de la Facultad de Derecho, en la calle 48 e/ 6 y 7; hacia la Legislatura, ubicada en la calle 7 entre 51 y 53. En el recorrido; las distintas organizaciones que permanecían acampando en calle 7 en reclamo de cooperativas de trabajo, fueron dejando paso mientras aplaudían a la columna encabezada por los niños de distintos barrios que llevaron la consigna “No a la baja de edad de imputabilidad”, y luego también acompañaron la marcha en rechazo al código contravencional de Scioli y la modificación a la ley penal juvenil.

En la Plaza San Martín, frente al Palacio Legislativo, se celebró la suspensión de la sesión en el Senado, en donde se iba a llevar a cabo la aprobación del código; y se realizó un acto en el que tomaron la palabra distintos organismos de Derechos Humanos como la Comisión por la Memoria; la hermana de la Luciano Arruga; el secretario General de la CTA bonaerense, Hugo Godoy; y Adolfo Aguirre, entre otros.

Aguirre, quien se reunió el mismo día con varios legisladores para manifestar el desacuerdo en las normas que se pretenden aprobar; indicó que “no debemos permitir que se retroceda en los logros de estos últimos tiempo, y si el gobierno nacional quiere tener un gobernador del estilo de Macri, que no haga el ensayo en la provincia de Buenos Aires, porque no le tenemos miedo, lo vamos a enfrentar y no se lo vamos a permitir”.

“No alcanza con cada institución por su lado, la única manera de defender los logros e ir por más, es con más participación y más organización” indicó Aguirre.

El referente, invitó a todos los funcionarios y legisladores que están en contra de las políticas de Scioli que se manifiesten públicamente en ese sentido; dijo que si “Stornelli está buscando una excusa para renunciar que lo haga ahora porque las normas que impulsa nos quieren llevar a la época de la maldita policía” y que “ni siquiera puede resolver el tema de la inseguridad”.

Finalmente tomaron la palabra los chicos de “Charly y los Pibes de la 90” del barrio platense Altos de San Lorenzo, quienes dijeron: “queremos nuestros derechos, no más represión”, y luego cantaron tres temas dando un cierre de esperanza al acto.

A su término, los concurrentes se dirigieron a la Glorieta de la misma Plaza, en donde se desarrolló el cierre 2009 de la campaña “Cultura y Derechos por los Pibes en los barrios” que lleva adelante el Foro; en donde la asociación amanecer mostró un fragmento de la obra de teatro “Carnaval y Cenizas”; y unos cien jóvenes bailaron hasta pasadas las 22hs. al ritmo la cuerda de candombe “Mwanamke-mbe”, y de las bandas de rock “La Caverna” y “Se va el Camello”.

http://www.foroporlosderechos.org.ar/spip.php?article682

Fuente: cepoc-cepoc.blogspot.com

lunes

Modificaciones a la ley 13634

¿Legítima pretensión de mejorarla, o el inicio del decreto de la temprana defunción del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil?

Por Martín Mollo

La ley provincial 13634 determina sobre la creación del Fuero Penal Juvenil y el procedimiento penal seguido a jóvenes menores de dieciocho años imputados de la comisión de delitos. Fue promulgada por el Decreto 44/07 durante el mes de enero de 2007. El Fuero Penal Juvenil fue organizándose en forma progresiva durante ese año y el siguiente, aún con dificultades de múltiples aristas: presupuestarias, judiciales, política y culturales.

Poco tiempo ha estado vigente esta ley, aunque ya el Senado de la provincia de Buenos Aires ha aprobado varias modificaciones a la misma, el pasado 21 de octubre. La reforma abarca tres artículos, dos de los cuales afectan los plazos habilitados para disponer la detención y la prisión preventiva de un joven y el tercero que afecta la especificidad de la competencia del Juez de Garantías del joven.

El artículo 41 establece que a pedido del Agente Fiscal el Juez de Garantías del Jóven podrá librar una orden de detención en el plazo de doce horas desde el momento de la aprehensión de un jóven. La reforma de este artículo aprobada en el Senado amplía ese plazo a veinticuatro horas. Se fundamenta en la consideración que el plazo originalmente dispuesto es exiguo e imposible en la práctica para cumplimentar los requerimientos del Agente Fiscal y la evaluación del Juez de Garantías, argumentándose además que si un joven es aprehendido por ejemplo a las 19.00 hs. la recolección de los primeros elementos probatorios por parte del Agente Fiscal para ser presentados ante el Juez de Garantías debe realizarse durante la noche y la madrugada a fin de cumplimentar el plazo previsto.

El artículo 43 establece que en causas graves, el Agente Fiscal podrá requerir al juez de Garantías para que se fije una audiencia oral para decidir si procede o no el dictado de la prisión preventiva, estableciendo para ello un plazo de cinco días desde la detención. La reforma aprobada en el Senado extiende ese plazo a diez días. Se fundamenta nuevamente en que el plazo original es exiguo para la realización de una investigación adecuada, para la recolección de pruebas y para el descargo de la defensa. En forma subrepticia, esta reforma elimina de la redacción del artículo dos puntos de fundamental importancia, el que plantea que el Defensor podrá solicitar cada tres meses la revisión de la medida de prisión preventiva y el que plantea que la decisión sobre la prisión preventiva, su prorroga y su cese, y todas la decisiones alternativas que pongan fin a la etapa preliminar o al proceso, deben ser resueltas en audiencia oral con la presencia obligatorio del jóven imputado, del Agente Fiscal y del Defensor.

El artículo 66 establece que en hechos en que se encuentren imputados mayores y menores de edad o en caso de delitos conexos, el Fiscal Juvenil practicará la investigación penal preparatoria, comunicando su intervención a los Juzgados de Garantías correspondientes, pudiendo requerir la asignación de un fiscal no especializado al Fiscal General para que asuma la intervención sobre los coimputados mayores de edad cuando la complejidad del caso lo justifique. La reforma aprobada en el Senado se entiende dispone la doble intervención tanto del Fiscal Juvenil como del Juez de Garantías del Joven, sobre mayores y menores de edad en caso que se encuentren coimputados, haciendo nuevamente la salvedad que si la compleijidad del caso lo justifica podrá requerirse al Fiscal General la asignación de un fiscal no especializado que intervenga en la situación de los coimputados mayores de edad a consideración de un Juez de Garantías ordinario.

Analizando en primer lugar la reforma de este último artículo, si ya la redacción original del artículo 66 implica una pérdida de especificidad en la actividad del Fiscal Juvenil, al estar obligado a intervenir también sobre coimputados mayores de edad, la reforma aprobada en el Senado implica también la pérdida de especificidad del Juez de Garantías del Joven, que también debería intervenir en iguales circunstancias. Así, podría arribarse a la situación en que el Fuero Penal Juvenil abarcara en su intervención más personas mayores que menores de edad, implicando esto una resignación aún mayor de la especificidad juvenil del Fuero, una distorsión en la práctica judicial dirigida a jóvenes como personas en desarrollo y una regla que implica el sentido contrario a lo que disponen las normativas internacionales.

La reforma a los artículos 41 y 43 hacen necesario un análisis más amplio, incluso en cuanto a las posibilidades de leer más allá del texto. Entonces, es inevitable unir la reforma del artículo 41 en cuanto a la extensión del plazo legal de aprehensión de un joven de 12 hs. a 24 hs. con la legalización de la facultad policial de detener menores de edad bajo figuras asimilables a la averiguación de antecedentes o entrega de menor o con el renacimiento de los códigos contravencionales o los edictos policiales. Y si bien puede parecer razonable el argumento de la exigüidad del plazo de 12 hs. o la incomodidad de citar testigos a la madrugada, también es cierto que existen mecanismos de excepcionalidad que se resuelven con un pedido fundamentado de prórroga o como planteó un grupo de defensores, con un sencillo agregado que disponga que se contabilice el vencimiento de las 12 hs. dentro del horario del Juzgado de turno (de 8 hs. a 18 hs.). La extensión del plazo habilita la oscura posibilidad de eludir el inmediato control judicial sobre el aprehendido y de favorecer la práctica informal del interrogatorio policial.

La reforma del artículo 43 que amplia el plazo de detención de 5 a 10 días, necesario para fijar la audiencia oral donde se dispone si corresponde el dictado de la medida de prisión preventiva, parece injustificada en cuanto a la exigüidad del plazo; más aún, tanto se puede ordenar nuevamente la detención de un joven al cual inicialmente no se le dictó la medida de prisión preventiva, en caso que surgieran nuevas valoraciones probatorias o indicios de que el imputado va a evadir u obstaculizar la acción de la justicia, como se puede ordenar una medida menos gravosa al joven al cual inicialmente se le había dictado. Esto respetando el plazo previsto de cinco días. La reforma, podría sospecharse, marcha en el sentido del incremento punitivo, en el cual los diez días de detención (más allá que al término de ese plazo se dicte o no la prisión preventiva) constituyen ya una pena estilo apercibimiento. La práctica judicial además, implica en general que se utilice todo el plazo que la ley posibilita, es decir si se fija que el plazo de detención es de cinco días, recién al quinto día se dispone la excarcelación, por lo que podría suponerse que con la extensión a diez días ocurriría lo mismo.

La extensión de los plazos de aprehensión y detención supone además otra implicancia en cuanto a los establecimientos donde se alojan a jóvenes en esas condiciones procesales. Se utiliza para ello las llamadas Alcaidías, creadas todas en la primera parte del año en curso, sectores ubicados en los Centros de Recepción o Centros Cerrados ya existentes, que constan generalmente de celdas para varios jóvenes en las cuales permanecen en tanto se desarrollan las actuaciones preliminares del proceso penal. La misma existencia de Alcaidías en instituciones cerradas implica una distorsión que tal vez también pueda unirse a la noción de castigo, ya que el joven no ingresa a un sector de alojamiento transitorio ubicado en una sede independiente en la ciudad cabecera del departamento judicial que interviene, sino que ingresa, por ejemplo, a la Alcaidía del "Almafuerte". Implica esto además que se deban desarrollar desde las instituciones de privación de libertad actividades e intervenciones específicas para jóvenes en calidad de aprehendidos o detenidos, que permanecen, en el mejor de los casos, cinco días en esos sectores. La falta de especificidad de estos sectores de alojamiento transitorio, impide también que pueda siquiera pensarse una intervención específica sobre jóvenes que se enfrentan a sus primeras confrontaciones con la ley y la justicia, experiencia que debiera utilizarse como un mecanismo de prevención.

La desaparición en la reforma del artículo 43 de los puntos referidos a la revisión cada tres meses de la medida de prisión preventiva y a la obligación que las decisiones judiciales al respecto sean resueltas en audiencia oral resulta inadmisible. Por un lado, la audiencia oral debe constituirse en el principal recurso pedagógico de la justicia juvenil, fundamental para que el joven construya simbólicamente la noción de justicia, de derechos y de obligaciones ciudadanas. Por otro lado, la imposibilidad de revisar la medida de prisión preventiva implica que esta inevitablemente se cumpla en todo su término de seis meses o prorrogada a un año, impidiendo la adopción de medidas cautelares menos gravosas. Otra vez aparece esto como un incremento punitivo, en el cual la prisión preventiva, más que una medida cautelar, se transforma en una pena adelantada.

Será entonces que uno desconfía de las intenciones, pero el contexto político y mediático en el cual se produce esta reforma legislativa hace sospechar de un desvío de la inocente pretensión que pudiera parecer hasta razonable en cuanto a la exigüidad de los plazos procesales.

Por último, resulta inquietante que cuando solo han transcurrido poco más de dos años de la promulgación de la ley 13634, cuando aún no se han conformado adecuadamente todos los organismos judiciales correspondientes y cuando aún muchos elementos de la práctica judicial responden a la cultura tutelar, ocurra ya la primera reforma a esta ley. ¿Será entonces la legítima pretensión de mejorarla, o será el inicio del decreto de la temprana defunción del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil y su reemplazo por un sistema que se ubique a medio camino entre el juez buen padre de familia y las garantías procesales?.

Fuente: www.aquiestamosnet.com.ar

viernes

Convención sobre los Derechos del Niño


Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento",

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 6

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.

Artículo 10

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.

Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás.

Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 17

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, porcedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.

Artículo 22

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención.

Artículo 23

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 25

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

Artículo 26

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 29

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 31

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Artículo 33

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

Artículo 34

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Artículo 35

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Artículo 36

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Artículo 37

Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Artículo 40

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.

Artículo 41

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:

a) El derecho de un Estado Parte; o

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

PARTE II

Artículo 42

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.

Artículo 43

1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.

2. El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención.1/ Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.

8. El Comité adoptará su propio reglamento.

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.

Artículo 44

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención;

b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos.

Artículo 45

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes.

PARTE III

Artículo 46

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

Artículo 47

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 48

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 49

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 50

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 51

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.

Artículo 52

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.

Artículo 53

Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 54

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

__________

1/La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, aprobó la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sustituyendo la palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. La enmienda entró en vigencia el 18 de noviembre de 2002, fecha en que quedó aceptada por dos tercios de los Estados partes (128 de 191).

Fuente: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

Consejo Local de La Plata de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia de la ciudad de La Plata

El Consejo Local de La Plata de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud se crea el 27 de Octubre del año 2009 a través de una Asamblea Constitutiva. La misma estuvo integrada por dos representantes de cada organización y en ella se discutieron y aprobaron las distintas comisiones que la formarían.


¿Qué es el Consejo Local y cómo funciona?

Es un organismo que tiene como finalidad la construcción de un Plan de Acción intersectorial territorial con el objetivo de la protección integral de los derechos del niño. Para esto, tiene que delinear y plasmar distintas estrategias que pongan en un primer plano la promoción, protección y la realización plena de los derechos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de La Plata, en este caso.


El Consejo Local está compuesto por los siguientes órganos (por orden de jerarquía):

1- Asamblea Ordinaria.

2- Asamblea Extraordinaria

3- Junta de Coordinadores.

4- Comisiones temáticas: El funcionamiento será a través de las once comisiones que lo conforman. Las mismas estarán compuestas por un titular y un suplente que las presidirá más representantes de otras organizaciones, instituciones y/o asociaciones. Cada una de ellas debe reunirse al menos dos veces al mes para trabajar en las temáticas y problemas que les competan. Asimismo, una vez al mes se realizará la Asamblea en donde se discutirá, diseñará y decidirá los planes de acción, las modificaciones del reglamento y los cambios de representantes, entro otras funciones.


¿Cómo comenzó?

Desde principios del 2009 el Foro por los Derechos de la Niñez estuvo reclamando a la Municipalidad de La Plata la constitución de un Consejo Local que diseñara y monitoreara las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia del distrito. Al no tener una respuesta del municipio el Foro junto a un importante número de organizaciones e instituciones auto convocó al Consejo Local tal como lo indica la Ley 13.298.

Fue así como desde mediados del este año se conformó la Junta Promotora del Consejo Local y se fueron realizando distintas reuniones con el municipio con quien se trabajó en una comisión mixta, avanzando en las características del reglamento interno, modo de funcionamiento del Consejo, integrantes, comisiones temáticas y fecha de inicio, entre otras (ver Actividades)

Después de casi un año de trabajo la Municipalidad de La Plata reconoció la constitución del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud. En un acto que convocó a más de 200 personas el Intendente de la ciudad Pablo Bruera y el Coordinador provincial del Foro por los Derechos del Niño, Adolfo Aguirre realizaron la apertura del mismo destacando la importancia de la constitución del Consejo Local. A continuación, se dio lugar a la Asamblea en la participaron un representante titular y un suplente de cada organización y en la que se discutió y aprobó el reglamento interno para el funcionamiento del Consejo, las once comisiones que lo constituyen y los presidentes de cada una de ellas.


Las Comisiones que conforman el Consejo Local son:


* Derecho a la Salud
* Derecho a la Formación y Educación
* Derecho a la Cultura, Recreación y Deporte
* Diagnóstico y Estadística
* Jurídica e Interinstitucional
* Derecho a la Comunicación y Difusión
* Recursos, Servicios, Programas y Prestaciones
* Derechos Humanos
* Sistematización de Datos y Archivo
* Comisión de Hogares
* Comisión sobre Violencia

Fuente: http://consejolocal.wordpress.com/about/

La Zafada en Barrio Adentro (Altos de San Lorenzo - La Plata)






La Zafada en Barrio Adentro (Altos de San Lorenzo - La Plata)





domingo

Niñez, adolescencia y familia serán los ejes de un congreso

Magistrada. Aída Kemelmajer de Carlucci, especialista en derecho de familia.

01-11-2009 / Mendoza:

Se realizará del 9 al 11 de este mes en el Bustelo, a 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, con una realidad social muy distinta.

Marcela Furlano

Hace 20 años se firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que introdujo muchas reformas legislativas en América Latina.

Estos cambios afectaron desde los procedimientos de la Justicia de menores, de familia y penal juvenil hasta diversos ámbitos del Poder Ejecutivo. Pero la realidad de los niños y adolescentes que ven vulnerados sus derechos o presentan conductas antisociales o delictivas se manifiesta en constante cambio, de allí la necesidad de revisar, analizar y mejorar todos los ámbitos que están en contacto con ellos y sus problemáticas.

Con este afán surge el Primer Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que del 9 al 11 de noviembre se realizará en el auditorio Ángel Bustelo.

El 9, luego de la apertura formal del congreso, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, dará a las 12.15 una conferencia sobre violencia y familia .
El trabajo en comisiones

Lo importante de este congreso es que a través de diferencias ponencias se elaborarán propuestas concretas sobre cómo resolver o mejorar situaciones que hacen a la vida cotidiana de los niños y adolescentes.

Para ello se han dividido los trabajos en diferentes comisiones, que abordarán, siempre desde la perspectiva de los derechos del niño, los siguientes aspectos: políticas públicas; políticas legislativas; participación de la sociedad civil; medios de comunicación; víctima y testigo de delito; procedimientos de la Justicia de familia; procedimientos de la Justicia penal juvenil; conflictos familiares y Justicia de familia; medidas de seguridad y programas socioeducativos; joven infractor, imputabilidad.

Otras dos comisiones tratarán la violencia juvenil y seguridad ciudadana y mediación y violencia familiar.

Las ponencias en las diferentes comisiones de abordarán los días martes 10 y miércoles11, de 9 a 13, en diferentes salas del Bustelo.

Quienes deseen conocer el cronograma de las ponencias, paneles y conferencias, sus salas y horarios, pueden ingresar a la página del congreso: http://alatinoamericana-naf.com/

Fuente: Diario Uno