Dicen que modifica la mirada social
Viernes 30 de setiembre de 2005 | Publicado en edición impresa
La flamante ley de protección integral de los derechos de niños y adolescentes, sancionada anteayer por la Cámara de Diputados, fue celebrada por expertos en el tema, aunque todos coincidieron en que su aprobación es el punto de partida para readecuar acciones, políticas e instituciones, pero, por sobre todo, modificar la mirada social sobre los chicos en riesgo.
"La mayoría de las leyes pasan inadvertidas. Algunas son advertidas. Pero muy pocas son ansiadas. Sin lugar a dudas, la reciente sanción de la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes se asienta en esta última categoría", aseguró a LA NACION la abogada especialista en derecho de familia Marisa Herrera.
Esta ley crea un Sistema de Protección de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir que pone en vigor un conjunto de políticas que consideran a la niña, al niño y al adolescente un sujeto activo de derechos. Fue aprobada con las modificaciones introducidas por el Senado el 1° de junio último y será reglamentada en 90 días.
La flamante norma derogó la ley de patronato de menores (10.903), que consideraba a las personas menores de edad "objetos de tutela" y no "sujetos de derecho", como prevé la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Argentina en 1990.
En virtud de la derogada ley de patronato de menores, o "ley Agote" (ley 10.903, que había sido sancionada el 21/10/1919), un juez podía intervenir arbitrariamente en la vida de cualquier niño o adolescente que hubiese cometido una contravención o un delito, o que se encontrase desamparado por muerte, abandono o pobreza de los padres. Esta actuación de la Justicia, bajo el argumento de "proteger" a los chicos en situaciones de riesgo, la mayoría de las veces terminaba con la derivación del niño a un instituto de menores.
"La incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño al derecho interno y su posterior jerarquización constitucional, operada en 1994, han traído consigo cambios radicales en materia de infancia y adolescencia. Pero la falta de una ley nacional tendiente a acercar los principios receptados en el mencionado instrumento de derechos humanos ha obligado a los operadores del derecho a redoblar esfuerzos mediante la realización de un serio trabajo de ingeniería jurídica (interpretación, fundamentación y aplicación) en pos de alcanzar la efectiva satisfacción de los derechos de niños y adolescentes allí plasmados", agregó Herrera.
La nueva norma obliga al Estado a adoptar las medidas administrativas, judiciales, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole destinadas a garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
"La ley promueve un proceso de desjudicialización y desinstitucionalización. Rápidamente hay que reglamentarla y producir procesos de rediseño de las políticas públicas de infancia para hacer programas que apunten al fortalecimiento familiar", explicó la socióloga Silvia Stuchlik, integrante del equipo de Políticas Públicas de Infancia del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn).
El representante de Unicef Argentina, Jorge Rivera, también se mostró sumamente satisfecho. "Esta nueva legislación incorpora un concepto de suma importancia: el sistema de protección integral de los derechos. Esto también da el marco jurídico para que las nuevas instituciones, que por mandato de esta ley tienen que crearse, se ajusten en sus prácticas a la doctrina de la protección integral. La aprobación de la ley representa, entonces, un nuevo desafío para el país: éste no es un punto de llegada, sino un punto de partida", señaló.
"La adecuación normativa es condición necesaria pero no suficiente para modificar las viejas prácticas tutelares. El trabajo que viene no es sólo de reglamentación, sino cultural, del Estado y de la sociedad civil", advirtió Gabriel Lerner, director de Derechos y Programas del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Como novedad, la ley prevé la creación de la figura del defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tendrá a su cargo velar por la protección y la promoción de los derechos de niños y de jóvenes.
"Lo interesante de esta figura es su especificidad técnica y su calidad de institución externa al Poder Ejecutivo. Esta última cualidad permite instancias de supervisión, control y establecimiento de garantías no contaminada por intereses políticos o de gestión, dando más independencia al sistema", explicaron desde Casacidn.
"Lo que más nos importa es que la ley fija un procedimiento donde hay una instancia de políticas públicas universales y deben estar garantizados, pero si esta instancia tuviera un problema de vulneración, los consejos o las áreas locales podrían exigir el cumplimiento y la restitución de estos derechos", opinó Stuchlik.
Por Cynthia Palacios
De la Redacción de LA NACION
Fuente: La Nación
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